Autoridades judiciales de Iberoamérica fortalecen capacidades para enfrentar los desafíos del cambio climático desde una perspectiva de derechos humanos y justicia.
En el marco de la XXII Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada en Santo Domingo, se llevó a cabo un taller sobre cambio climático y derechos humanos, impulsado por la UICN, el IIJS y la Comisión de Justicia Ambiental de la Cumbre. Este esfuerzo responde a la recomendación del Relator Especial de la ONU y busca dotar a jueces y operadores de justicia de herramientas legales y científicas para abordar casos climáticos con enfoque en derechos. Participaron más de 75 jueces y operadores de justicia de 15 países, en un espacio que marcó el inicio de un proceso regional de fortalecimiento de capacidades en justicia ambiental.
Santo Domingo, República Dominicana, 21 de mayo de 2025. En los últimos años, la judicialización de casos vinculados al cambio climático ha experimentado un notable incremento, evidenciando la creciente necesidad de que los jueces y operadores de justicia comprendan a fondo la intersección entre el derecho y la ciencia climática. Muchas de estas demandas sostienen que la inacción o insuficiencia de las medidas de mitigación y adaptación vulnera derechos fundamentales, como el derecho a un medio ambiente sano, a la salud y al acceso al agua.
Ante este contexto, en julio de 2023, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y cambio climático, recomendó al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y a la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) desarrollar manuales y programas de formación multilingües y accesibles para jueces, con el objetivo de fortalecer sus capacidades en el abordaje de litigios climáticos desde una perspectiva de derechos humanos. Asimismo, recomendó la elaboración de guías sobre ciencia climática, orientadas a mejorar la fundamentación legal y técnica en la toma de decisiones judiciales.
En respuesta a esta recomendación, la UICN y su Comisión Mundial de Derecho Ambiental (CMDA) han iniciado un proceso de fortalecimiento de capacidades dirigido a jueces y operadores de justicia en América Latina. Dicho proceso es impulsado por el Proyecto VOCES: Protegiendo Derechos, Conservando Territorios, ejecutado por la UICN y financiado por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Asdi), con el propósito de fortalecer alianzas, crear espacios cívicos seguros y amplificar las voces de las personas defensoras ambientales y las organizaciones de los pueblos indígenas, promoviendo una conservación de la biodiversidad basada en derechos.
El proceso de creación de capacidades dio inicio en el marco de la XXII Cumbre Judicial Iberoamericana, llevada a cabo en Santo Domingo, República Dominicana, del 14 al 15 de mayo, con el taller “Capacitación para jueces y operadores de justicia sobre los vínculos entre el cambio climático y los derechos humanos”, una iniciativa conjunta del proyecto VOCES, la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la UICN, el Instituto Interamericano de Justicia y Sostenibilidad (IIJS) y la Comisión de Justicia Ambiental de la Cumbre Judicial Iberoamericana.
“Desde la UICN, celebramos haber sido parte de este espacio de fortalecimiento institucional y reflexión regional. En los últimos 18 meses hemos participado en tres procesos consultivos históricos ante tribunales internacionales, y ahora respondemos a un nuevo llamado: fortalecer capacidades judiciales en materia de derechos humanos y cambio climático”, destacó la Dra. Grethel Aguilar, Directora General de la UICN.
Gracias a la hospitalidad del Poder Judicial de la República Dominicana, de la Escuela Nacional de la Judicatura y del compromiso de todas las autoridades, se facilitó la intervención presencial y virtual de 75 jueces, operadores de justicia, y expertos internacionales de más de 15 países, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, República Dominicana, entre otros.
La capacitación profundizó en temas como los impactos del cambio climático, en especial los que afectan los derechos humanos, la mitigación, la Adaptación basada en Ecosistemas y las Soluciones basadas en Naturaleza. Los expositores presentaron los casos de sus países desde el lente de sus diferentes bases profesionales.
La Dra. Christina Voigt, Presidenta de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la UICN, señaló: “La UICN posee una competencia científica profunda entre sus Miembros, Comisiones y Secretariado, y al trabajar con la Comisión Mundial de Derecho Ambiental pudimos combinar insumos científicos con experiencia jurídica integral”.
Las palabras de apertura estuvieron a cargo del Viceministro de Recursos Forestales de la República Dominicana, el señor José Elías González, quien destacó la participación del país en el procedimiento consultivo sobre cambio climático en la Corte Internacional de Justicia y la relevancia del papel de la justicia ante mayores y más frecuentes impactos. Le acompañaron en la mesa principal el Ministro Antonio H. Benjamín, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Brasil, la Magistrada Damaris Vargas, Vicepresidenta del Poder Judicial de Costa Rica y la Magistrada Wendy Martínez, Comisionada Dominicana ante la Comisión.
Acompañaron también el encuentro la Magistrada Mónica Soto Bueno, Jueza Federal del Estado de México; Fernando Jiménez, Magistrado de la Sala primera de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, además de Integrantes de la Comisión Iberoamericana de Justicia Ambiental, como el Ministro Ricardo Lorenzetti de la Suprema Corte de Justicia de Argentina, quien resaltó la realidad de ese país en cuanto a los eventos extremos y la Jurisdicción Consultiva de las Cortes Internacionales.
Claudia de Windt, Directora del Instituto Interamericano de Justicia y Sostenibilidad (IIJS); resaltó que “fortalecer las capacidades y poner en práctica las herramientas fundamentales que ofrece el Estado de Derecho es clave para cerrar las brechas entre la ley y su aplicación, y para abordar el desafío de la incertidumbre jurídica que sólo se contrarresta con la aplicación de principios como el precautorio y de prevención”.
Se espera próximamente enriquecer los manuales de capacitación que sirvieron como base para la organización de este encuentro, la publicación de nuevos materiales de capacitación, y la organización de nuevas actividades de capacitación en colaboración con el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), el Organismo Intergubernamental del Sistema Interamericano, así como con las escuelas judiciales de la región, el PNUMA, la Comisión de Derecho Ambiental de la UICN. De esta forma, se dará continuidad al trabajo articulado interinstitucional que permita amplificar los resultados y sumar cada vez más personas al fortalecimiento de capacidades en temas de justicia ambiental.
